Guanajuato, Gto 15 Febrero 2022. – A fin de desalentar las conductas violentas ejercidas hacia la mujer por su condición de género y que en muchas ocasiones terminan con la muerte, la diputada Alma Alcaraz, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Guanajuato, con el objeto de perfeccionar el tipo penal de feminicidio, su tipo, características, forma de investigar y de sancionar.
La congresista manifestó que, en Guanajuato, de enero a diciembre de 2021 se cometieron 344 homicidios dolosos de mujeres; es decir, el primer lugar a nivel nacional donde las víctimas de homicidio doloso fueron mujeres.
Asimismo, señaló que también era el primer lugar a nivel nacional de mujeres víctimas de homicidio culposo, con 377 carpetas iniciadas por ese delito en el citado periodo, y que esas cifras eran dudosas, pues mientras el año pasado se iniciaron únicamente 30 carpetas de investigación por la presunta comisión de delitos de feminicidio, se encontraron con un total 721 carpetas iniciadas por homicidio.
“Es importante resaltar que, a pesar de la clara desproporcionalidad que existe en la tipificación de ambos delitos, tres municipios de nuestro estado se encuentran entre los primeros 100 municipios a nivel nacional con presuntos feminicidios cometidos durante el 2021, siendo estos: Celaya en el lugar 33, seguido de Irapuato en el 34 (con 6 feminicidios cada uno) y Guanajuato en el 81 con 3”, enfatizó Alcaraz Hernández.
La congresista subrayó que la propuesta planteaba perfeccionar y ampliar los supuestos que permiten que un homicidio sea calificado como feminicidio, avanzando así en combatir y erradicar la violencia en contra de las mujeres.
Agregó que se pretendía incluir tres supuestos más que configuren el delito de feminicidio: la existencia de antecedentes de violencia de cualquier tipo ejercida por parte del feminicida, que haya sido obligada a ejercer la prostitución y/o cualquier forma de explotación o actos de trata de personas; o que se haya encontrado en un estado de indefensión al momento de que se cometió el delito.
Finalmente, la legisladora apuntó que se proponía establecer que el feminicida perderá, si los tuviere, todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio y castigar el mal actuar de parte de los servidores públicos que retrasen o eviten la procuración e impartición de la justicia, particularmente frente a un feminicidio.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen; y para su opinión a la Comisión para la Igualdad de Género.
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