Guanajuato, Gto 24 octubre 2022. – Convocadas por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se llevaron a cabo dos mesas de trabajo para analizar iniciativas de reforma a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato en materia de apoyos económicos a personas con discapacidad y modificar requisitos para garantizar autonomía de magistrados y consejeros del Poder Judicial.
Apoyo económico a personas con discapacidad permanente
El asesor del grupo parlamentario de MORENA manifestó que la propuesta busca reconocer y garantizar el derecho de las personas con discapacidad permanente a un apoyo económico.
Agregó que se pretende incorporar en la Constitución local el derecho de las personas con discapacidad permanente a un apoyo económico. Dicha incorporación permitiría, dijo, armonizar el aparato jurídico fundamental de la entidad en materia de derechos humanos y bienestar social de las personas con discapacidad
También mencionó que la propuesta plantea establecer la facultad del Ejecutivo del Estado para otorgar el apoyo económico a que tendrán derecho las personas con discapacidad permanente; precisar como criterios de selectividad incremental la minoría de edad, la pertenencia a comunidades indígenas y afromexicanas, así como la situación de pobreza; entre otros.
Alberto Estrella Ortega de la Procuraduría de Derechos Humanos manifestó que no se reconoce a personas con discapacidad temporal; que, aunque es una armonización normativa de ser procedente era posible reconocer de una manera más amplia y que se tendría que realizar una consulta estrecha a las personas de ese grupo.
Por su parte, Carlos Alejandro Rodríguez Pacheco de la Coordinación General Jurídica precisó que existen ya programas presupuestarios que atienden a personas con discapacidad, que la propuesta sí contiene disposiciones de impacto presupuestal, que no considera buenas prácticas de programación y que actualmente se cuenta con acciones de carácter trasversal a nivel estatal para atender a ese sector poblacional.
Agregó que la iniciativa compromete las finanzas del estado a mediano y largo plazo, no favorece la optimización de los recursos públicos, liga la permanencia de un programa social a un criterio normativo, entre otros aspectos.
La congresista Susana Bermúdez Cano indicó que, si bien era una propuesta noble y que se busca una igualdad sustantiva, tenían que ser muy cuidadosos. En ese sentido, habló de los convenios que otras entidades hay suscrito para atender el tema y de la importancia de que las reformas constitucionales planteadas cumplan con una necesidad.
En su intervención, la legisladora Laura Cristina Márquez Alcalá compartió algunas reflexiones. Apuntó que sin dejar de señalar que era una iniciativa loable en cuanto a su intención, debían conducirse con todo el profesionalismo y la técnica necesaria porque se estaba hablando de la Constitución Política local.
Afirmó que ese derecho no se dejaba de cumplir, que el Congreso de la Unión ha sido omiso en establecer la ley general en la materia, que en la progresividad de los propios derechos se encontraban en un nuevo modelo de atención, que se debían cuestionar sí un apoyo económico directo permanente vitalicio es lo que necesitan las personas, que lo que se planteaba era política pública y no significa que los Estados no lo estén haciendo.
En ese sentido, refirió que Guanajuato tiene un instituto rector para la atención de las personas con discapacidad, que se tienen que ir perfilando las acciones que se requieren en el estado para que ese sector pueda salir adelante; que debían ser subsidiarios, pero no asistencialistas, y buscar mejorar su calidad de vida, a través de un mejor sector salud, educativo y fortalecer al propio INGUDIS.
Antes de concluir, enfatizó que las personas están buscando oportunidades y en la entidad hay incentivos para quien los contrate. Finalmente, indicó que técnicamente le parecía inviable.
La legisladora Susana Bermúdez Cano coincidió con su antecesora e instruyó la elaboración de un dictamen en sentido negativo, porque la iniciativa no atendía la población objetivo, sumado a las consideraciones vertidas en la mesa.
Cambio requisitos para magistrados y consejeros del Poder Judicial
En la segunda mesa se revisó la iniciativa que tiene como objetivo de establecer requisitos que aseguren la autonomía e independencia política de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y de los consejeros del Poder Judicial.
La asesora del grupo parlamentario de MORENA, Alisson Álvarez Núñez, indicó que se busca armonizar el contenido del artículo 85 con el del 116 de la Constitución Federal e incluir además la prohibición de tener una filiación política o de haber ocupado un cargo de elección popular, ambos supuestos durante el año inmediato anterior al día de su designación.
La propuesta pretende establecer que, para ser magistrado del Supremo Tribunal de Justicia se requiere, además de lo ya establecido, no haber ocupado el cargo de secretario de Estado o su equivalente, fiscal general o diputado Local, durante el año previo al día de su designación; y no pertenecer a algún partido político o haber sido candidato a ocupar un cargo público de elección popular en el año inmediato anterior al día de su designación.
La diputada Susana Bermúdez Cano mencionó que en la entidad no se encontraba la problemática para atender la iniciativa, que ya se encuentra regulado no sólo por la obligatoriedad de la Constitución a nivel federal, que la reforma no se advierte necesaria, que resultaba poco pertinente la intervención del Constituyente Permanente en cuanto a los sujetos impedidos, por lo que solicitó la elaboración del dictamen en sentido negativo.
