Guanajuato Gto a 29 noviembre del 2022.- El diputado Gerardo Fernández utilizó la máxima tribuna, para presentar una iniciativa que pretende modificar la Ley de la Salud del Estado de Guanajuato, con la finalidad de sancionar a todos aquellos que promuevan, realicen, financien u obliguen a alguien a realizar “Terapias de conversión sexual”.
Aunque la homosexualidad fue descartada como una enfermedad mental desde el año 1973, hoy en día siguen existiendo pseudo tratamientos que promueven una cura a la orientación sexual, como si se tratara de un padecimiento médico. Los individuos que implementan este tipo de mal llamadas “terapias”, emplean métodos que van encaminados a reorientar la preferencia sexual. Su finalidad es la supuesta reversión de las tendencias sexuales.
“La dignidad humana, como derecho fundamental superior reconocido por el orden jurídico mexicano, deriva entre otros derechos personalísimos, el de todo individuo a elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida”, indicó Fernández González.
La iniciativa, pretende que se respete el derecho de los guanajuatenses a ejercer la libertad de decidir sobre el desarrollo de su propia personalidad, así como la libre opción sexual, de una manera en la que el individuo pueda decidir autónomamente.
Las personas que tienen otras preferencias sexuales, en la mayoría de los casos, son agredidas física y psicológicamente en espacios públicos y privados, o excluidas en varias facetas de su vida, como el hogar, la escuela, el trabajo, por citar algunos.
“El común denominador de la historia, es la persecución y discriminación que han sufrido las personas con una orientación o identidad de género distinta a lo que la sociedad considera convencional”, aseguró el diputado del Partido Verde.
El pasado martes 22 de noviembre, los Diputados del Verde se reunieron con diversos representantes de colectivos LGBTI, con la finalidad de conocer sus experiencias, conocimientos, aportaciones y observaciones sobre el tema de terapias de conversión sexual y el impacto negativo que tienen en dicha comunidad.
Con una convicción firme, propusieron considerar como delito las terapias de conversión sexual, sancionándolas con hasta tres años de prisión, y con 50 a 250 días de multa, y la inhabilitación de su ejercicio profesional por el mismo tiempo.
